Una huelga de la Policía Militar del estado brasileño de Bahía facilitó 59 asesinatos en la ciudad balnearia de Salvador, consignó una nota de diario Página 12.
Las ola de muertes, de las cuales 30 se registraron entre el viernes y el sábado, ocurrieron en el marco de un paro en demanda de un aumento salarial, al que adhirieron cerca de un tercio de los 31.000 efectivos del cuerpo de policía militarizada de Bahía. El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff envió 3000 soldados federales para patrullar las calles de Bahía, y ayer arribó a Salvador el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo. El alto funcionario aseguró que los cabecillas que hayan instigado la huelga serán puestos en prisiones federales. Por herencia de la dictadura militar, la estructura de la policía en Brasil está legislada con privilegios como los que gozan los militares.
El paro fue impulsado por la Asociación de Policías y Bomberos del Estado de Bahía (Aspra), entidad que no es reconocida por las autoridades estatales como representante de los agentes. Desde el comienzo de la huelga hasta hoy, la capital provincial en la que viven más de dos millones y medio de habitantes está sumida en una creciente ola de criminalidad, que además de las muertes provocó gran cantidad de saqueos a comercios, y asaltos. En el interior del estado fueron registrados varios ataques a tiros contra comercios, entre ellos a dos agencias bancarias, una tienda de ropa, una clínica médica y una filial de la TV Globo. La mayoría de los destrozos ocurrieron en los barrios satelitales de Salvador de Bahía. Un policía fue ajusticiado de 15 balazos cuando estaba en su automóvil. Su arma fue robada. Aún se desconoce cuántas personas participaron en el homicidio y tampoco hay sospechosos hasta el momento.
La huelga fue declarada ilegal por el juez Ruy Almeida Brito, pero los agentes desobedecieron el mandato judicial que ordena la reanudación inmediata de las actividades. El juez despachó doce órdenes de arresto para líderes sindicales, pero la policía lo desafió amotinándose en la legislatura bahiana. Para contener la violencia y restablecer el orden, el gobierno federal envió este viernes cientos de efectivos del Ejército y de la Fuerza Nacional de Seguridad. Cardozo informó que se trata del mayor contingente de fuerzas federales utilizado en operaciones similares en el país. El ministro dijo que los delitos perpetrados durante la paralización configurarán delito federal, en virtud al decreto de situación de Garantía de la Ley y del Orden, ordenado por Rousseff, agregó Página 12.
LATAM: Reporte (drm)
